La resolución firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero pasado, que frenó la actualización automática de las dietas de los legisladores, está próxima a vencer el 31 de marzo. Según fuentes cercanas, Villarruel dejará en manos de los bloques parlamentarios la definición de este tema, en un contexto en el que las bancadas ya han indicado que no harán modificaciones. Si no se toman nuevas decisiones, a partir de mayo, cada senador podría comenzar a percibir una base mínima de $9 millones en bruto.

La polémica sobre las dietas de los legisladores comenzó con el inicio de la gestión del actual gobierno. En un primer momento, el Congreso aprobó una suba similar a la que se otorgó en la administración central, pero debido a la presión del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y luego de las críticas de la Casa Rosada, la medida fue detenida. La vicepresidenta Villarruel, en su rol de presidenta del Senado, también intervino para congelar el aumento.

No obstante, los senadores no perdieron tiempo. En abril de 2024, el Senado aprobó un nuevo sistema de dietas que fue pactado entre el oficialismo y la oposición. El acuerdo estableció que las dietas de los senadores estarían compuestas por 2.500 módulos, a los que se les añadirían 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos adicionales por desarraigo. De esta manera, desde mayo del año pasado, los senadores comenzaron a recibir más de $7 millones en bruto mensuales. La única excepción a esta regla es la senadora Alicia Kirchner, quien optó por mantener su jubilación y no forma parte de este esquema.

En medio de las tensiones generadas por el aumento de las dietas y el malestar de ciertos sectores del Congreso, los senadores decidieron anular un aumento previsto para los empleados legislativos que estaba vinculado al aumento de las dietas de los propios senadores. Este ajuste del 6,6% para los meses de julio y agosto fue cancelado por completo en una votación unánime en el Senado, y se acordó un congelamiento de las dietas hasta el 31 de diciembre de 2024.

A finales del mismo año, y para descomprimir las tensiones dentro del Congreso, se cerró una paritaria similar a la de los empleados estatales, con una suba acumulada de 6,13% entre septiembre y diciembre de 2024. Sin embargo, este acuerdo no aplicó a los senadores, quienes continuaron con el congelamiento de sus dietas hasta principios de este año.

A finales de 2024, varios senadores presionaron a Villarruel para que tomara una decisión sobre las dietas, ya que el tema había sido previamente aprobado por los propios legisladores. Sin embargo, la situación no es sencilla. Los senadores señalan que, debido a la alta carga de impuestos, los costos de vida en la Ciudad de Buenos Aires y otros gastos, sus dietas no alcanzan para cubrir sus necesidades.

Este problema de fondo, relacionado con el financiamiento político y las dietas de los legisladores, sigue siendo un tema de discusión, aunque pocos se animan a abordarlo públicamente. De acuerdo con fuentes dentro del Congreso, la discusión sobre las dietas podría estar oculta detrás de otros conflictos, como el financiamiento político y las disparidades entre los módulos asignados a los distintos bloques.

Por otro lado, los empleados del Congreso esperan que se replique la paritaria de la administración central, mientras que varias bancadas buscan equilibrar la disparidad en los módulos asignados, especialmente ante la alta inflación que sigue afectando al país.

Con la fecha límite del 31 de marzo para que la resolución de Villarruel venza, el futuro de las dietas legislativas queda en el aire. Si los bloques no toman una decisión en los próximos días, es probable que, a partir de mayo, los senadores comiencen a recibir una dieta de al menos $9 millones en bruto, sin que se haya avanzado en una reforma estructural del financiamiento político o en una revisión más profunda de las dietas de los legisladores.

El gobierno se mantiene atento a la situación, consciente de que cualquier movimiento en este tema podría tener repercusiones tanto dentro del Congreso como en la opinión pública.